La afirmación que hiciera el alcalde municipal ingeniero Félix Rodríguez en el programa “Punto Final”, el pasado sábado 2 del presente mes de marzo, cuando refirió que tiene a manos las pruebas que incriminan como responsable del alegado desfalco millonario en el ayuntamiento al licenciado Jerson Lizardo, ha originado “un pandemónium” entre quienes componen el Concejo de Regidores.
El haber asegurado que estaba en disposición de reunirse con los invitados de dicho programas, señores Félix Taveras, José Sánchez y Félix Flores, para entregarles las alegadas pruebas, provocó que los legisladores emitieran una resolución mediante la cual emplazan al edil a que en la próxima sesión ordinaria, presente las pruebas que alega tener con relación al supuesto desfalco, como manda la Ley número 176-07.
La resolución va más allá, cuando refiere que el alcalde municipal está en la obligación de suministrar las mismas a los organismos de investigación y fiscalización del Estado Dominicano, de acuerdo a sus competencias al tenor del artículo 261 de la misma Ley.
La posición del Concejo de Regidores ante la falta de información sobre el supuesto fraude en las nóminas electrónicas del Cabildo, denunciado por el ingeniero Rodríguez en fecha 2 de noviembre del año 2011, al parecer arrojará luz sobre el indicado hecho, que por el momento y según el rumor público podría enlodar no solo la honestidad y ética profesional del ex -director del Departamento de Nóminas del Ayuntamiento, licenciado Jerson Lizardo, sino al Ejecutivo y otros funcionarios.
Los Concejales no deben cejar en sus propósitos, porque un error administrativo de esa magnitud y dimensión nunca se habia registrado en el Ayuntamiento a partir de la gestión del señor Buenaventura Ariza, que a la sazón fue el primer síndico del municipio de San Francisco de Macorís, tras su fundación el 20 de septiembre del 1778.
Las investigaciones del desfalco, que en principio se afirmó se extendía a más de 100 millones de pesos, fueron puestas bajo la responsabilidad de la fiscalía del Distrito Judicial de Duarte, la Contraloría General de la República, la Cámara de Cuentas, la Policía y la Liga Municipal Dominicana, pero nada y nada.
