Fórum Electoral 2012, invitó a su reunión de tertulia a jóvenes universitarios de ambos sexos, diferentes carreras y sin distinción de simpatías políticas partidistas.
No había agenda previa, un conversatorio abierto, ellos deberían sugerir el tema de debate, se le pasaron las papeletas en blanco para que colocaran tres temas a debatir y de 104 presentes, 92 papeletas sugerían la corrupción de estado en la Republica Dominicana.
Debemos consignar que hay una Convención Interamericana Contra la Corrupción, rubricado por la Organización de los Estados Americanos, en la que se consignan aspectos muy importantes sobre este flagelo que se lleva una buena parte del Producto Bruto Interno, a los bolcillos de políticos corruptos o ladrones.
En el preámbulo se consigna que: la corrupción socava la legitimidad de las instituciones públicas, atenta contra la sociedad, el orden moral y la justicia, así como contra el desarrollo integral de los pueblos.
La democracia representativa, condición indispensable para la estabilidad, la paz y el desarrollo de la región, por su naturaleza, exige combatir toda forma de corrupción en el ejercicio de las funciones públicas, así como los actos de corrupción específicamente vinculados con tal ejercicio.
La Republica Dominicana es compromisaria de este tratado internacional, ahora bien, quien juzga a la corrupción de estado, en un estado clientelista, corrupto por la esencia misma del poder y quienes lo sustentas.
La corrupción en nuestro país, tiene su esencia misma en las elecciones nacionales, las cuales se ganan por los atributos y dones de sus candidatos, si por el peso de la inversión económica para doblegar y prosternar ante las urnas a los sectores más deprimidos de la sociedad, que votan por las dadivas de estado, muchas veces disfrazadas de políticas sociales, en otras tantas de manera descarada con el erario público, donde funcionarios responsables de instituciones del estado o testaferros de ellos beneficiados de manera marginal por acciones dolosas contra el estado, son responsables de ciertas aéreas del electorado nacional, donde prima la capacidad adquisitiva del llamado mercado electoral.
Fui interrumpido abruptamente, por una joven de 18 años estudiante de Derecho en la PCMM, que se identificó como Pamela del Carmen, quien preguntó: “ En un país donde el partido gobernante, tiene el Congreso Nacional, la Suprema Corte de Justicia y en fin las llamadas altas cortes, donde la institución encargada de combatir la corrupción es una dependencia de la Presidencia de la Republica, donde el Director de ética y persecución de la corrupción es el jefe de un partido aliado al gobierno, donde un hombre acusado de corrupción publica o prevaricación se para en el rol de Senador de una congreso unipolar y se desparrama en inocencia antes sus compañeros que lo aplauden como a un héroe nacional.
La segunda gran pregunta la realizo, Luis Alfonso estudiante de Mercadeo de UTESA:
Qué garantías tiene la ciudadanía que se combatirá judicialmente este mal y quiénes serán los responsables de implementar políticas creíbles, para que sean el paradigma que guie a las próximas generaciones, a una sociedad fundamentada en los valores éticos de una sociedad libre de corrupción.
La respuesta a las interrogantes no mías, sino del convención internacional establece los mecanismos de el abordaje del tema ante las cortes internacionales, es decir, que los responsables de los delitos de soborno transnacional y de enriquecimiento ilícito serán considerados para ese Estado Parte acto de corrupción para los propósitos de esta Convención, por lo que el mecanismo debe ser la denuncia ante transparencia internacional como primer mecanismo, debido a que cuando la justicia esta conculcada en un país, que no es una selva aislada dentro del concierto de naciones sujeta a convenciones y tratados internacionales, alguna instancia tendrá que velar por los intereses colectivos, cuando los responsables de hacerlos están bajo la sospecha del encubrimiento.
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