El Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor (PRO CONSUMIDOR), es una entidad creada por la Ley número 358-05, que otorga a ese órgano la facultad de ser el rector de las relaciones de consumo en la República Dominicana; una institución relativamente joven, que ha tenido que sortear grandes retos para poder jugar su papel en la sociedad dominicana.
Por un lado, ha tenido que confrontar algunos entes reguladores de la administración, que han sido capturados por sus regulados y que lejos de defender el interés general, en la mayoría de los casos, se han dedicado a proteger los intereses de sus regulados, y por otro lado, le ha tocado lidiar con un comercio que históricamente ha sustentado sus operaciones dentro de la cultura del engaño. Por suerte, la ley que rige a PRO CONSUMIDOR es fuerte, de orden público, imperativa y de interés social.
El artículo 2 de esta ley es lo suficientemente claro cuando establece que la misma tiene un carácter supletorio ante las leyes sectoriales, es decir, que cuando los organismos reguladores del Estado, como el INDOTEL, la Superintendencia de Bancos, la Superintendencia de Electricidad y hasta la DIGENOR hoy INDOCAL; creada por la Ley número 166-12; no cumplan con sus funciones, entonces es que PRO CONSUMIDOR puede intervenir en los procesos de reclamaciones y denuncias contra las empresas reguladas por esas entidades. Lo que quiere decir, que los ciudadanos, primero tienen que acudir a las instituciones sectoriales y si no resuelven, entonces ir A PRO CONSUMIDOR.
Es por eso que PRO CONSUMIDOR, en total apego al debido proceso de ley, manda a los reclamantes de esas empresas reguladas por ante las entidades sectoriales a que agoten la primera fase de reclamación de sus derechos frente a esos organismos. Esto así, porque si algo ha caracterizado la actual gestión de ese Instituto ha sido cumplir y hacer cumplir la ley.
Contrario a otras legislaciones existentes en la experiencia comparada, que establecen que un mismo órgano se encargue de la regulación del consumo y de la competencia, en el caso de la Ley número 358-05 se manda a la institución a proteger a los consumidores finales y lo relativo a la defensa de la competencia, está regulado en la Ley número 42-08 o Ley General de Defensa de la Competencia, cuyos organismos rectores están en fase de construcción para su establecimiento, es decir, que las posiciones dominantes en el mercado local han de ser manejadas por la entidad en cierne, que se llama PRO COMPETENCIA.
Es justo reconocer que en muy corto tiempo, es mucho lo que PRO CONSUMIDOR ha logrado hacer para la protección y defensa de los consumidores y usuarios dominicanos. Esta entidad ha conseguido la devolución de más de 200 millones de pesos a los consumidores, de parte de los proveedores de bienes y servicios, en procesos conciliatorios que se han realizado en este Instituto y es bueno que se sepa, que el 90 por ciento de los casos han sido convenidos de manera favorable para las partes.
Querer desconocer el esfuerzo hecho por Altagracia Paulino para lograr que PRO CONSUMIDOR ejerza la responsabilidad social gubernamental que la ley le asigna, es una perversidad.
¡Qué bueno, que según estudios realizados recientemente por empresas como New Link y Penn & Shoen, han determinado que la sociedad dominicana valora positivamente la gestión de este organismo estatal, según sus resultados, en los que más del 72% de la población así lo afirmó. Además, la última encuesta Gallup concluye; que esta institución está dentro de las tres mejores valoradas por la población.
El comercio que ejecuta sus actividades desde tiempos ancestrales, dentro de la cultura del engaño, debe entender que por algún lugar había que comenzar a corregir las distorsiones que se producen en ese mercado, en perjuicio de los consumidores y violando sus derechos constitucionales establecidos en el artículo 53 de nuestra Carta Magna y en otras leyes adjetivas de nuestra legislación.
Por algún lugar había que comenzar, y probablemente el haberlo hecho en temas que chocan con intereses que hasta el momento habían sido intocables, como los distribuidores de GLP o los sectores que utilizan los contratos de adhesión con cláusulas abusivas, o a los que se le han retirado cerca de 400 mil productos vencidos o no aptos para el consumo, en sus anaqueles, es lógico que estén dolidos y quieran perjudicar o cuestionar la imagen institucional de PRO CONSUMIDOR.
Por tener la gallardía para alertar a la población para que no consuma productos comestibles y medicamentos que ponen en riesgo su salud, así como alertar sobre productos riesgosos o inseguros que pueden afectar la seguridad o la vida, también es lógico entender que existan algunos interesados, que critiquen su accionar.
La gestión de Altagracia Paulino al frente de PRO CONSUMIDOR es un ejemplo de lo que debe ser el funcionario público dominicano, y ¡qué bueno que la sociedad ha valorado y apoyado su gestión! Muestra de esto es que recientemente fue elegida por los lectores de un medio de comunicación; como la “Mujer del año”.
Bajo ninguna circunstancia el Gobierno dominicano debe perder el espacio ganado en PRO CONSUMIDOR, un lugar que fortalece la democracia y permite dirimir conflictos y resolver con celeridad y gratuidad las discrepancias que se generan entre proveedores y consumidores.
Tampoco debe desaprovechar la vocación de servicio y la entrega de Altagracia Paulino, para que de manera justa y responsable se enfrente la cultura del engaño, contribuyendo así a la construcción de un mejor país.
Reconocemos que, como dijera ella en una ocasión, “quien defiende derechos, choca con intereses”. Pero la realidad es que Altagracia Paulino es un activo moral del país, que ningún Gobierno debe darse el lujo de perder, ni ningún sector pretender desacreditar su gestión, pues lo que hace en PRO CONSUMIDOR no es solo porque le ha tocado desempeñar un puesto en la Administración Pública, desde hace muchos años, la defensa del consumidor ha sido su compromiso con la sociedad dominicana.
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