El país ha sido reconocido en la región por su alto nivel de crecimiento que es generalmente superior al promedio regional, situándonos en la última década entre las posiciones cimeras. Sin embargo, los resultados macroeconómicos del crecimiento del PIB no han venido acompañado de un vigoroso bienestar social equiparable. El Banco Mundial en un estudio realizado en 2014, identificó los vínculos débiles entre el crecimiento y la equidad en el país; en este estudio la institución internacional textualmente estableció que la “República Dominicana adolece de una baja movilidad económica, con menos del 2 por ciento de la población escalando a un grupo de mayores ingresos durante la década, comparado con un promedio del 41 por ciento en la región de América Latina y el Caribe en conjunto”.
Es incuestionable que en la última década se verifica una mejora en el acceso a bienes y servicios básicos como educación, salud, agua, transporte y otros bienes y servicios públicos; las limitaciones en cuanto a cobertura y calidad limitan el impacto redistributivo del crecimiento, a lo que se añade unos salarios reales exiguos que no cubren la canasta básica promedio. Estos factores, promueven sesgos que estimulan desigualdades, limitando así las oportunidades económicas de muchos dominicanos de bajos ingresos.
La economía política de la desigualdad se expresa en la incapacidad de los trabajadores de influir en el sistema y sus espacios de decisión política, donde sí están bien representados con capacidad de lobby, los gremios empresariales con su poder mediático de presión sobre la clase política que recibe sus apoyos financieros en momentos electorales. Es decir, la población afectada por un crecimiento no inclusivo refleja una débil “agencia” política debida en parte a la desintegración de sindicatos y espacios que resguarden sus derechos a través de la tensión que produce la lucha por mantener salarios y condiciones de trabajo dignas.
En esta semana, la empresa de análisis económico Analityca, a través de un artículo difundido en su página web, titulado “Midiendo la desigualdad: RD y el mundo”, con datos de la Encuesta Nacional de Gastos e Ingresos de los Hogares (ENGIH), estimó que el 86.5% de las personas en el país percibe ingresos inferiores a los RD$300 mil anuales (entre US$0-US$6 mil); lo que implica menos de RD$25 mil en promedio mensual. El 1.7% percibe ingresos superiores al millón de pesos anuales. La concentración del ingreso en el tramo de menos de RD$300 mil pesos anuales es más pronunciada en provincias del Sur, donde supera el 90% del total de personas.
Los resultados del análisis estadístico dan cuenta de que aun en las provincias de mayor desarrollo económico la cantidad de personas que perciben salarios promedios inferiores al rango antes indicado es muy alta: Provincia Santo Domingo (2.3 millones de personas, 86% del total de la provincia), Distrito Nacional (876 mil personas, 79% del total de la provincia), y Santiago (937 mil personas, 86% del total de la provincia).
Los niveles de ingreso que en promedio perciben los trabajadores dominicanos están por debajo del promedio de la región latinoamericana. El análisis antes indicado refiere que estos niveles de ingreso son comparables con el PIB per cápita de países como Haití, Bangladesh o Nigeria; países ubicados entre los menos adelantados del mundo con pobreza extrema muy elevada.
Por otro lado, refiere que un 0.2% del total de personas en el país, unas 16,981 personas, ingresan más de 2.7 millones anuales, lo que es equiparable a los ingresos de países como Holanda, Noruega y Dinamarca. Este es el signo de la desigualdad de ingresos dictada por una economía donde la prosperidad no es compartida; hace falta robustecer los mecanismos distributivos a través de una política fiscal más progresiva, fortalecer la institucionalidad y cualificar la democracia dominicana para que así los límites a la democracia económica puedan disiparse en el mediano y largo plazo.
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