Los dueños de todo lo material que existe en el país, gracias a la impunidad y complicidad de políticos, religiosos, funcionarios y ricos desalmados, los que siempre han sabido; como quedarse con el patrimonio nacional, los privatizadores y beneficiarios de todos los gobiernos que hemos sufrido desde el 1844, tienen que entender que los tiempos han cambiado, que el mundo es otro, que las legislaciones actuales establecen algunos derechos a los ciudadanos y que hay que respetarlos para que exista convivencia armónica en la sociedad.
Algunos comerciantes creen que todavía “los perros se amarran con longaniza”, piensan que pueden hacer y deshacer como en otros tiempos, que por ejemplo si los productos que ofrecen; violan las normas, hay que acomodar las normas a la realidad de sus productos y no sus productos a las exigencias de las normas, tal como ha pasado recientemente con el reglamento técnico de los embutidos.
En el caso del salami, un estudio realizado por Pro Consumidor que daba cuenta del riesgo que estaba representando el consumo de ese producto, en vez de proponerse elevar los niveles de calidad e inocuidad del mismo, lo que se hizo fue aprobar una norma que redujera los niveles de proteína, grasa y que permitiera la presencia mínima de microorganismos dañinos a la salud.
Se quiso resolver el problema, por lo menos a nivel mediático, con declaraciones de funcionarios aliados; que lejos de preocuparse por los consumidores; su preocupación mostrada junto a comunicadores comprometidos con el sector empresarial, fue las posibles pérdidas de la industria. Ante tal situación los ministros de Agricultura, Industria y Comercio, Cultura, y el presente y pasado ministro de Salud Pública, casi a coro se pronunciaron a favor de que la población continúe consumiendo un producto contaminado y lejos de tomar medias a favor de los consumidores llamaron al consumo del mismo.
Gracias a Dios que el pueblo es sabio y según un estudio realizado por Newlink recientemente, el dominicano común, ha preferido dejar de consumir ese producto, hasta tanto una voz confiable y creíble diga que el mismo es apto para el consumo humano. Esa publicación de Newlink da cuenta de que en forma ponderada el 75% de la ciudadanía confía en el estudio de Pro Consumidor y que bueno que estamos aprendiendo a construir ciudadanía y capital social.
Con relación al GLP, son más de 16 las plantas que Pro Consumidor ha tenido que cerrar por su operación fraudulenta, mientras que en otras, ha cerrado más de 180 dispensadores de GLP alterados, acción que ha realizado con estricto apego al debido proceso de ley, pues durante la gestión de su actual Directora la entidad ha perseguido un fraude frente al cual, solo una persona con la credibilidad y el compromiso de Altagracia Paulino era posible llevar a cabo.
Ahora a Pro Consumidor le ha tocado denunciar una trama muy bien montada, con letrados y eruditos jurisconsultos incluidos, para desacreditar y desconocer la potestad sancionadora de ese organismo. Sin embargo luego de ver la ley 358-05 que rige esa entidad, queda más que claro que en casi una veintena de sus artículos se establecen los títulos habilitantes de su facultad sancionadora, por lo que no es necesario ser venezolano ni experto en derecho administrativo, para confirmar lo que de manera clara explícita dicta la ley.
El artículo 7 de La Constitución establece el Estado Social y Democrático de Derecho, lo que obliga a importantizar el derecho administrativo como mecanismo jurídico para que la administración pública responda ante los administrados y para exigir que los organismos estatales reconozcan y hagan posible el ejercicio de de los derechos de los ciudadanos, dentro de los cuales se encuentran los derechos del consumidor, establecidos con rango Constitucional en el artículo 53 de nuestra Carta Magna.
Ojala que el sector del comercio rentista y lucrativo, en algún momento piense en la posibilidad de hacer viable la construcción de un mejor país, en el cual ellos gestionen sus negocios con responsabilidad social empresarial; mientras eso sucede, démosle gracias a Dios que Altagracia Paulino se ha propuesto hacer de Pro Consumidor una entidad para ejercer responsabilidad social gubernamental, para controlar y sancionar las ambiciones de un sector que siempre ha estado por la libre.
El atrevimiento de Altagracia Paulino de confrontar las vacas sagradas del sistema en esta selva de componendas e impunidades: banqueros, gaseros, embutidores, unido a su capacidad para alertar a la población, la convierte en un ser extraordinario.
No es posible seguir viviendo en un país donde cumplir la ley sea una hazaña casi impensable, donde algunos crean que las leyes existen para incumplirlas o para saber cómo violarlas. Altagracia desde hace tres años, ha sabido hacer lo que nunca se había hecho. Manos a la obra.
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