La sociedad dominicana adolece de figuras que se comprometan verdaderamente con las causas de los que no tiene voz. Es extraño o casi imposible conseguir que las personas que tienen sus problemas resueltos, se empeñen o asuman como filosofía de vida proteger lo que los administrativistas prefieren llamar el interés general, esto así porque el dominicano ha aprendido y asumido como conducta casi general una frase individualista y desarmada que es el “sálvese quien pueda”.
La manifestación de preocupación de por más de 25 años de Altagracia Paulino como adalid y líder en defensa de los consumidores, la posiciona como la funcionaria que más ha dado la cara por la gente de abajo, por los hijos de machepa del profesor Juan Bosch y hasta por el gobierno pasado y presente del PLD.
Cuando la entidad que ella dirige se pronuncia y plantea que 2.2 millones de hogares en el país corren el riesgo de ser estafados cuando compran el gas licuado de petróleo GLP, porque las plantas de expendio pudieran estar alterando los medidores para timar a la población consumidora, dejando bien claro que ese es un cartel que esta por la libre y que a pesar de los esfuerzos hechos por esa entidad para evitarlo, estos continúan haciendo de la suya, ya que las limitaciones propias de las instituciones estatales le impide elevar los niveles de vigilancia que este sector amerita, para hacerlo superar la cultura del engaño en que eternamente han operado. Situación que junto al lobby que implanta ese sector cada vez que se estudia un reglamento que los regule, hace que esa normativa termine convertidas en traje a la medida de sus pretensiones, impidiendo reglas claras para el beneficio de la ciudadanía.
Lo peor es que los legisladores aunque están estudiando un proyecto de ley para endurecer las sanciones a estos malhechores, no terminan de hacerlo, a ver si de esa forma se controla este mal, que definitivamente sistémico y que debe ser criminalizado.
Cuando Pro Consumidor hace efectivo que los banqueros cumplan la ley y depositen los contratos de adhesión, muchos de los cuales tienen clausulas abusivas en perjuicio de los interese económicos de los consumidores, se hace patria.
Cuando se hace efectiva la prohibición del expendio al público del llamado “Acido del Diablo” que se había convertido en un arma letal, y se reduce los casos de personas dañadas o quemadas, evitando daños físicos y económicos a los afectados y al erario publico que gasta en los hospitales del estado sumas cuantiosas, se hace patria.
Con las alertas sobre internación de productos sin el debido cumplimiento de las normas nacionales, como un cemento importado o unos implantes o prótesis mamarias, prohibidas en su país de origen y que son colocados a las mujeres dominicana, se hace patria.
Las acciones emprendidas por Altagracia Paulino para adecentar este país en varios temas que defienden el interés general, como en el caso del sector de servicios, para que se ajuste a las normas de protección a los usuarios, los cuales debe ver a estos últimos como sus aliados estratégicos y no como a quienes hay que engañar, con esta actuación se hace patria.
Es claro que más de una veintena de reconocimientos nacionales y extranjeros recibidos por ella la colocan en una posición privilegiada, con relación a la percepción de la ciudadanía, que además en una votación promovida por el Diario libre entre el pueblo dominicano, este en forma abrumadora decidió convertirla en la mujer del año 2012.
Ya otras organizaciones la habían declarado “la funcionaria de la década” por su desempeño ético y mortal frente a la cosa pública, ella no es solo la mujer del año, sino la mejor muestra de que el funcionario público puede y debe ser ejemplo en conducta y pureza.
Definitivamente que Altagracia no solo se ha ganado ser la mujer del año, sino que en vida, ya se ha ganado el cielo de los consumidores dominicanos.
El autor es abogado.
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