Las economías son más proclives al desarrollo sostenible cuando son más equitativas y promueven un reparto de la riqueza nacional más justo. Los conflictos sociales son menos frecuentes, lo que se traduce en menos violencia y una mejor cohesión social. A pesar de estos formidables beneficios colaterales, nuestros sistemas tributarios no promueven la equidad sino más bien, la injusticia fiscal.
Los sistemas tributarios son esenciales para reducir las brechas entre la población rica y pobre en una sociedad. Es un reto enorme poder orientar el sistema tributario nacional y la fiscalidad internacional a la progresividad y a generar un reparto eficiente y solidario de las riquezas generadas, toda vez que las multinacionales y las oligarquías nacionales basan su modelo de negocios en el rentismo y su capacidad de negociación frente a gobiernos débiles y corruptos.
Esta realidad pone a los contribuyentes en el filo de la navaja. Menos compromisos fiscales de las entidades productivas que más capacidad contributiva tienen, resulta en más cargas para los contribuyentes que no pueden escapar al fisco por sus actividades nacionales y a la vista de la administración tributaria. Las empresas multinacionales, por sus flujos de ganancias transfronterizos, eluden fácilmente la estructura y normativa tributaria nacional al igual que la internacional al estratificar su cadena de generación de valor.
Por tanto, menos capacidad de recaudación, evita que el gobierno pueda proveer servicios y bienes públicos de calidad, con suficiencia para poder garantizar la cobertura a aquellos que el mercado no les permite acceder por la discriminación de capacidad de pago. Esto lo vemos en nuestro país con el sector salud y educación.
En consecuencia, un país con limitada capacidad de financiamiento presupuestario de fuentes sanas (impuestos), encuentra dificultades para corregir distorsiones en las cuentas públicas como un excesivo endeudamiento que limita la inversión pública. El dinero público invertido en educación y salud tiene un efecto distributivo incuestionable, pues abre las puertas al acceso de estos bienes meritorios a un segmento de la ciudadanía que sin esta oportunidad no lograría moverse social ni económicamente.
Los impuestos son indeseables para las mayorías, pues reducen su capacidad de consumo, elemento que es sobreestimado en una sociedad cada vez más mercantilizada. No obstante, con la debida transparencia, combate a la corrupción y mejora de los mecanismos de fiscalización del buen uso de los recursos públicos, la confianza de la ciudadanía se eleva e incrementa la moral tributaria siempre y cuando el gobierno traduzca esa mayor confianza en bienes y servicios públicos que representen un alza del salario social: más y mejores guarderías, hospitales, escuelas e infraestructura productiva. Si la población paga menos en bienes y servicios de mercado por el deterioro de lo público, mejoraría su poder adquisitivo, dedicando parte de estos recursos adicionales a fines productivos que optimizarían su calidad de vida y con ello, el de la sociedad en su conjunto.
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