El proyecto de ley autoría del senador por la provincia Duarte, Franklin Romero, que busca modificar varios artículos del Código Penal para aplicar la castración química a los condenados por violación sexual a menores de edad, personas en estado de inconciencia, incesto y muerte por agresión sexual, actualmente se aplica en importantes estados de los Estados Unidos.
California, Florida, Georgia, Iowa, Alabama, Montana, Oregón, Texas y Wisconsin, entre otros, son las demarcaciones donde se aplica dicha legislatura.
Al momento de introducir la pieza legislativa el 14 de junio del año 2023 ante el Senado de la República, Romero, dispone que la castración química será voluntaria, pero en los casos de reincidencia del delito, el tratamiento será obligatorio «al suponer que el individuo es un peligro para la sociedad».
Igualmente se señala que el Tratamiento Hormonal Voluntario (THV) o castración química deberá ser acompañado de terapias psicológicas o psiquiátricas para el condenado, que deberán ser promovidas desde el Estado a través del Ministerio de Salud Pública y la Procuraduría General de la República (PGR).
Por su parte, el artículo 12 de la propuesta explica que se considerará «reincidente» a quien cometa un nuevo delito grave o menos grave «en cualquier circunstancia» y establece que la castración química no será voluntaria, sino impuesta por el juzgado.
Mientras que la misma pieza legislativa plantea que aquellos que decidan voluntariamente aplicarse la castración química, serán favorecidos con la reducción de la mitad de la pena, siempre con un acompañamiento psicológico previo.
Asimismo, el proyecto también contempla la creación de un Registro Nacional de Beneficiarios de Tratamiento Hormonal Voluntario, que estará bajo la responsabilidad de la Procuraduría y del Ministerio de Interior y Policía.
Este registro, según el legislador, permitirá crear un monitoreo efectivo de los culpables del delito de violación para fines de control, reinserción social y asistencia.
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