Todo cuanto ocurre en la República Dominicana en materia económica tiende a someterse al prisma de los intereses empresariales. Se estructura un fino relato proempresarial, donde se articulan esfuerzos por hacer del trabajo una pesada carga para las finanzas empresariales y un lastre a la competitividad de la economía. Es decir, los ingresos laborales se definen como un costo, y no como el ingreso que hace posible que millones de trabajadores dominicanos puedan adquirir los bienes y servicios necesarios para una vida en dignidad, libre de pobreza y precariedades.
Este relato bien articulado y difundido por los medios de masa, se contrapone a aquel que destaca al país como un modelo de éxito regional por el crecimiento de la economía y la productividad laboral alcanzada. Según informe de CEPAL, la productividad laboral en RD fue superior a 50% de 2005 a 2024. Este desempeño lo superó solo Panamá y Costa Rica en la región. Al mismo tiempo, estimaciones nacionales indican que el salario real apenas creció un 5.4% de 2006 a 2023.
Del año 2000 al 2011, apenas por debajo del 2% de la población de la República Dominicana experimentó una movilidad económica ascendente (por ejemplo, escapar de la pobreza para formar parte del grupo vulnerable, o moverse del grupo vulnerable a la clase media), mientras que el 19% de la población cayó de estatus económico, y la inmensa mayoría, un 79%, no tuvo ningún cambio de estatus económico (Banco Mundial, 2014).
Otro indicador que ha sido revelador de la desprotección laboral en el país es su tasa de sindicalización, la cual apenas fue de 3.5% en el sector privado en 2023 según datos extraídos de la ENCFT; al parecer, aunque la sindicalización es un derecho constitucional, en efecto no lo es del todo y existen cortapisas a la viabilización de este derecho, al menos en el sector privado. Por otro lado, el peso de la masa salarial en el PIB ha descendido de 30.8% en 2007 a 24.1% en 2023, lo que indica que en la puja por la renta nacional el capital ha venido ganando terreno a costa del trabajo.
Las grandes empresas del país y sus gremios apuestan a ganarlo todo: exenciones fiscales a la inversión, salarios represados bajo el argumento de la competitividad y una débil garantía de organización sindical para evitar el empuje al alza de los salarios. Ahora con la reforma laboral, persiguen eliminar la cesantía. Sería la coronación perfecta para la una vuelta más de tuerca en el propósito de intensificación de la concentración de la riqueza.
En virtud de lo antes establecido, para evitar un escenario más desfavorable a los trabajadores, el auxilio de cesantía debe seguir inalterable en la propuesta de reforma laboral. Hay propuestas de que se aborde desde la reforma a la seguridad social con la finalidad de que la cesantía pase a ser sustituida por un «seguro de desempleo». A todas luces se plantea trasladar su financiación a un esquema compartido de pago entre empresarios y trabajadores, tal como ocurre con las cotizaciones a la seguridad social. Una vez concretado el paso, el sector financiero rentabilizará estos fondos especializados como ocurre con las inversiones de las AFPs en el mercado de valores.
La cesantía en una economía de bajos salarios es la única compensación que disfruta el trabajador para recuperar parcialmente el trasvase de riqueza producida desde el trabajo al capital. El seguro de desempleo intensificaría la financiación del despido por el mismo trabajador o compartido con los empresarios. En definitiva, se trata de un bajadero engañoso que reduciría las prestaciones laborales en aras de la flexibilización laboral, eufemismo que significa precarización de la fuerza de trabajo y facilidad de despido sin apenas sacrificios por parte del empresariado.
El objetivo empresarial es desembarazarse de la cesantía que sale de sus finanzas para que sea el trabajador que la sufrague o comparta su financiamiento; si esto se concreta significaría más cotizaciones laborales que reducirían el ingreso laboral disponible. En un país donde los salarios reales están estancados, sería una apuesta a la disminución de la capacidad de compra de los trabajadores.
La reforma laboral no puede ser oportunidad para contrarreforma que reverse derechos laborales. La cesantía sin garantías de mejora salarial continua debe permanecer. La explotación del factor trabajo en RD es épica: productividad en ascenso ante salarios que apenas se mueven al alza. Existe una rigidez importante en los salarios a la hora de compensarlos con el crecimiento de la economía; no hay desarrollo en economías de bajos salarios y precaria capacidad de compra de los trabajadores. Este escenario solo es beneficioso para la concentración de la riqueza y la generación de desigualdades que no cohesionan la sociedad al crear condiciones y mundos paralelos en ciudadanos de un mismo país.
En ese sentido, debemos prestar atención a la reforma laboral que entra al congreso de la Republica bajo el acecho de la cesantía para flexibilizar supuestamente el mercado de trabajo dominicano, lo que en lenguaje llano significa, facilidad de despido y reducción del costo de desahucio. Es el mundo perfecto para la gran empresa y su voracidad, pues no quieren compartir la prosperidad macroeconómica tan elogiada por organismos internacionales.
El sector laboral, así como la ciudadanía en general que depende de ingresos salariales deben estar atentos ante cualquier movida congresual que tienda a modificar la cesantía. Lo que suceda en el Congreso en estos días será clave para el futuro de los trabajadores y sus ingresos. A los empresarios no les basta las exenciones y bajos salarios…ahora van por la cesantía.
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