La soberanía es un concepto que solemos pronunciar con solemnidad, pero pocas veces examinamos con rigor. Como politólogo, profesor de historia y abogado, sostengo que la soberanía dominicana —aunque constitucionalmente plena— vive hoy un proceso de erosión silenciosa, producto tanto de presiones externas como de decisiones internas que han redefinido el margen real de autodeterminación del Estado.
No escribo desde la pasión partidaria, sino desde la responsabilidad intelectual y jurídica que exige mirar el país sin vendas ni complacencias. El derecho internacional contemporáneo reconoce que la soberanía estatal no es absoluta. Está limitada por: Los tratados válidamente ratificados. Las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos y la correlación de fuerzas geopolíticas.
Sin embargo, también se establece que la determinación de la nacionalidad, la política migratoria y el control territorial son competencias exclusivas del Estado. Así lo consagra la Convención de La Haya de 1930 y lo han reafirmado la Suprema Corte de Justicia (Sentencia 9/2005) y el Tribunal Constitucional (TC/0256‑14).
A pesar de ello, la República Dominicana ha sido objeto de decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que han intentado redefinir aspectos esenciales de nuestra política migratoria y de nacionalidad. Casos como Yean y Bosico, Dorzema, Personas Dominicanas y Haitianas expulsadas y Benito Tide Méndez constituyen precedentes que, en la práctica, buscan limitar la potestad soberana del Estado dominicano.
La pregunta es inevitable: -¿Hasta dónde un Estado puede aceptar decisiones internacionales que contradicen su propio orden constitucional sin comprometer su soberanía? (busca la respuesta)
Seria mezquino de mi parte el no reconocer que en la defensa física de la soberanía no ha así, en lo jurídico político, el gobierno del presidente Luis Abinader ha realizado acciones y las presenta como logros fundamentales: La Verja Perimetral Inteligente, la modernización militar y la creación de puertos secos como “muro económico”.
Estas medidas, aunque relevantes para la seguridad fronteriza, no agotan la defensa de la soberanía. La soberanía no solo se protege con muros y sensores; también se protege con doctrina jurídica, con diplomacia firme y con coherencia institucional.
Presiones externas, contradicciones internas y ausencia de doctrina de Estado
Seguridad nacional, subordinación geopolítica y el deber de recuperar una doctrina de Estado
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