Y es precisamente ahí donde observo la mayor debilidad del gobierno actual y su partido: una aceptación acrítica de presiones internacionales, especialmente en materia migratoria y de derechos humanos, incluso cuando estas chocan con decisiones del Tribunal Constitucional dominicano. El resultado es una soberanía defendida en la frontera, pero debilitada en los tribunales internacionales y en la mesa diplomática.
Desde mi doble formación jurídica y politológica, sostengo que la soberanía dominicana se ve vulnerada hoy por cuatro factores: El primero tiene que ver con la contradicción entre el orden constitucional y la práctica diplomática. El Tribunal Constitucional declaró inconstitucional la aceptación de la competencia de la Corte IDH. Sin embargo, el gobierno continúa actuando como si esa competencia fuera plenamente válida.
El segundo factor es la presión internacional sobre la política migratoria. Organismos externos han intentado imponer (es más han impuesto) criterios sobre quién es dominicano, lo cual constituye una intromisión directa en un atributo esencial del Estado.
Este tercer factor es demoledor y se trata de la dependencia geopolítica. La política exterior dominicana sigue orbitando alrededor de los intereses de Estados Unidos, lo que reduce el margen de maniobra del país en temas estratégicos.
El cuarto factor desde mi óptica ha sido la ausencia de una doctrina de Estado coherente tan simple pero complejo como eso. Mientras se habla de soberanía moderna, se cede terreno en ámbitos donde la Constitución exige firmeza, es por esta razón que planteo que el Estado dominicano no debe estar al margen de doctrinas que nuestra región desarrolló y que hoy parecen relegadas y olvidadas como son: Doctrina Calvo: los conflictos deben resolverse en tribunales nacionales, Doctrina Drago: ningún Estado puede ser forzado a aceptar decisiones externas y la Doctrina Estrada: rechaza la injerencia en asuntos internos.
Estas doctrinas, pilares del derecho internacional americano, deberían guiar la política exterior dominicana, pero han sido sustituidas por una diplomacia reactiva y complaciente.
Esto se evidencia en la última decisión de nuestro gobierno aceptar sin reservas la llegada de personas de otras nacionalidades que, tras cumplir condenas por delitos graves en Estados Unidos, son deportadas hacia nuestro territorio— constituye un punto de inflexión que merece un análisis crítico.
Una mirada jurídico‑política a las decisiones del Gobierno dominicano
Seguridad nacional, subordinación geopolítica y el deber de recuperar una doctrina de Estado
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