En la República Dominicana crece el clamor de una clase trabajadora que observa cómo el fruto de su esfuerzo pierde valor frente al encarecimiento de la vida. El dominicano que trabaja, produce riqueza y sostiene buena parte del funcionamiento del Estado enfrenta una realidad cada vez más difícil, sus ingresos resultan insuficientes para satisfacer necesidades que, lejos de disminuir, se multiplican.
Cada día de cobro confirma que el salario alcanza para menos. La no indexación de la escala del Impuesto sobre la Renta, el encarecimiento de los combustibles, las elevadas tarifas eléctricas acompañadas de constantes apagones, el deterioro de los servicios públicos y la inseguridad ciudadana configuran un panorama que golpea especialmente a quienes dependen de su trabajo para vivir.
A esta realidad se suman la desprotección del campo dominicano, los compromisos pendientes con organizaciones gremiales, el incremento y proliferación de peajes, las denuncias de corrupción, los cuestionamientos por las ejecuciones extrajudiciales que asesinan a pobres y disminuyen la institucionalidad democrática y el estado de derecho, a lo que se agrega el abandono de comunidades que reclaman indefinidamente derechos elementales y el terror de tener que ir a un supermercado dado el aumento de los productos de consumo.
La contradicción resulta evidente cuando se examina la política tributaria del gobierno. Baste recordar que, recientemente, la Dirección General de Impuestos Internos justificó el aumento del marbete tomando como referencia una inflación acumulada del 58.1% entre septiembre de 2016 y septiembre de 2026. Sin embargo, esa misma pérdida del valor del dinero no ha producido una actualización general equivalente de los salarios públicos.
En medio de semejante escenario aparece una noticia que pretende ocupar un lugar privilegiado en la conversación nacional, la supuesta planificación de un atentado contra la vida del presidente Luis Abinader.
El Ministerio Público informó sobre el apresamiento de un ciudadano de 29 años en San Francisco de Macorís, vinculado por las autoridades con presuntas amenazas y la planificación de un ataque contra el mandatario, supuestamente previsto para el 6 de noviembre, Día de la Constitución.
Ninguna amenaza contra la vida de un presidente puede considerarse un asunto menor. Sin embargo, tampoco debe convertirse una imputación en verdad incuestionable cuando persisten interrogantes sobre la capacidad operativa, los medios disponibles y la existencia de una estructura organizada para ejecutar semejante empresa.
¿Cuáles elementos materiales sustentan la supuesta conspiración? ¿Existía una organización capaz de vulnerar la seguridad presidencial? ¿Se trataba de amenazas individuales o de un plan operativo suficientemente desarrollado?
Las respuestas deben surgir de pruebas verificables, no de la espectacularidad de los titulares.
La historia dominicana ofrece un antecedente que merece reflexión. Ni siquiera durante los cuestionados gobiernos del doctor Joaquín Balaguer, particularmente en los Doce Años (1966-1978), cuando el país vivió una de las confrontaciones más intensas entre el poder y la izquierda revolucionaria, se realizó un magnicidio contra el mandatario, pese a las conspiraciones, la lucha armada y la violencia política de aquel período.
Este antecedente invita a preguntar: ¿qué circunstancias extraordinarias justificarían que, en el escenario político actual, se denuncie un plan de semejante magnitud? La interrogante no pretende descartar una investigación judicial, sino exigir evidencias contundentes. Si en períodos de confrontación mucho más violenta las conspiraciones no buscaron en el asesinato de Balaguer, resulta razonable reclamar explicaciones rigurosas sobre los medios y la capacidad operativa del supuesto plan contra el actual mandatario.
Resulta inevitable recordar aquella antigua fórmula del pan y circo, utilizada para describir mecanismos de distracción frente a las necesidades populares. En el escenario dominicano, la comparación adquiere un matiz inquietante, escasean las respuestas económicas, mientras abundan los acontecimientos capaces de monopolizar la atención pública.
No existen pruebas públicas suficientes para afirmar que el Gobierno haya fabricado la denuncia. Pero resulta legítimo cuestionar el tratamiento de un caso cuya gravedad contrasta con la información probatoria conocida y preguntarse a quién beneficia políticamente que semejante noticia desplace la discusión sobre salarios, impuestos, corrupción y deterioro del poder adquisitivo.
La historia enseña que el miedo puede convertirse en un instrumento de cohesión alrededor del poder. Cuando la ciudadanía reclama respuestas, las amenazas a la estabilidad institucional pueden adquirir una dimensión comunicacional capaz de modificar las prioridades nacionales.
El problema no consiste solamente en determinar si existió una conspiración, sino en impedir que la investigación de un posible delito relegue las preocupaciones de millones de dominicanos.
Mientras se discute el supuesto magnicidio, el trabajador continúa pagando una electricidad costosa que no siempre recibe; el agricultor enfrenta dificultades para producir; el empleado público pierde capacidad de compra y las comunidades siguen esperando soluciones.
La seguridad del presidente importa, pero también la seguridad económica y social de quienes sostienen la República. El Gobierno debe garantizar la integridad del mandatario y permitir que la justicia investigue sin interferencias, sin abandonar su obligación de responder a las demandas nacionales.
Si la conspiración existió, corresponde demostrarlo y aplicar la ley. Si las acusaciones carecen de sustento, corresponde esclarecerlo. Lo inadmisible sería que la espectacularidad del caso terminara imponiéndose sobre los problemas reales del trabajador dominicano.
La fortaleza de un gobierno no se mide por su capacidad de generar titulares, sino por su disposición a resolver las necesidades de la población.
Porque ninguna jugada política, por espectacular que resulte, podrá ocultar indefinidamente una realidad: el pueblo dominicano no necesita más circo; necesita salarios dignos, servicios eficientes, justicia y respuestas concretas a sus problemas.
Discussion about this post