La Segunda Sala del Tribunal Superior Administrativo mediante la Sentencia No. 183-2013, pretende desconocer la potestad sancionatoria de nuestro órgano rector de las relaciones de consumo: Pro Consumidor. Por lo que resulta interesante analizar el contenido de la sentencia y compararla con los postulados de la ley No.358-05, que rige esa entidad.
Las argumentaciones del Tribunal en la sentencia 183-2013, son contradictorias con la Constitución en su artículo 53, que eleva el rango de los derechos del consumidor a derechos fundamentales, y también choca con el articulado de la ley No. 358-05 del año 2005. Esas argumentaciones se pueden resumir en tres aspectos básicos, que son los siguientes:
En el numeral X argumenta: “(…) Que Pro Consumidor no tiene poderes de decisión propio. Sino que la ley le reconoce una legitimación activa para investigar y someter ante el tribunal competente (…).
Sobre este particular, es bueno destacar el contenido del artículo 23 de la Ley No. 358-05, que dice: “La Dirección Ejecutiva de Pro Consumidor es el organismo competente para conocer, por la vía administrativa, los casos de conflictos relativos a esta ley”.
Tanto en la Constitución, como en el Código Penal queda claro que cuando la normativa se refiere a “conocer”, está otorgándole competencia de actuación. Para solo citar un par de ejemplos, lo hace claramente en el artículo No. 154 de la Constitución y en el No. 42 de del Código Penal.
En el numeral XI la sentencia argumenta: “(…) PRO CONSUMIDOR, excede las atribuciones conferidas por la ley, una vez, que en el presente caso, han hecho las veces de “Juez y parte “al juzgar su propia actividad y aplicarle el derecho objetivo, y con ello convertir a ese organismo en un tribunal de “primer grado”, disponiendo sanciones que en forma alguna son de su competencia”.
Resulta importante dejar claro entonces, que Pro Consumidor funciona según la letra J del artículo 31, de la forma siguiente: “Funciones del Director Ejecutivo de Pro Consumidor: j) Dictar resoluciones relativas a la aplicación de esta ley en caso de infracciones y violaciones que deban ser conocidas y resueltas, en primera instancia, a su nivel de competencia;”
Pro Consumidor no está inventando, quienes pretenden retorcer la ley para ponerla al servicio de intereses particulares, son esos jueces que con su decisión tratan de ocultar la venta fraudulenta de GLP por una empresa sancionada.
En el numeral XIV la sentencia argumenta: “Que en ninguna parte (…) se otorga como atribución a PRO CONSUMIDOR la posibilidad de imponer sanciones (…).
Sin embargo, la ley número 358-05, establece suficientes títulos habilitantes a Pro Consumidor para la aplicación de sanciones o multas, no sabemos en qué lugar esconden esos jueces, los artículos que le reconocen esas competencias que son los siguientes: 17 (J), 23, 27, 28, 31 (J), 42, 43, 51, 53, 105, 107, 112, 117 Párrafo 1, 115 Párrafo 2 y 136 de la Ley No. 358-05,
En el artículo No. 27 de la ley dice que Dirección Ejecutiva de Pro Consumidor deberá ejecutar las acciones correctivas y las penalizaciones que contemple la ley, en el número 42 establece que dentro de sus funciones está; velar por el cumplimiento de estas disposiciones y tomará las medidas de lugar para sancionar las violaciones, en que el artículo 43, parte in fine, dice que las violaciones a esta prohibición serán sancionadas por la Dirección Ejecutiva de Pro Consumidor con la incautación de los productos, multa y reparación de daños ocasionados al consumidor. En el 117 párrafo 1, dice que “impondrá la sanción administrativa que correspondan a la decisión”. Estos son solo algunos de los artículos de la ley, que contradicen esa decisión y desmienten la sentencia.
Es evidente que el Legislador dominicano, asigna la facultad a ese órgano de la Administración para aplicar sanciones administrativa, y lo hace por ser conocedor de que la única forma de hacer efectivo el cumplimento de la ley en un mercado con grandes distorsiones como el nuestro, es mediante la aplicación de sanciones y multas. Ya que en este mercado históricamente se han vulnerado los derechos de los consumidores.
El tribunal actuante olvida que la Ley numero 166-12, puesta en vigor recientemente, que crea el Sistema Dominicano para la Calidad, en su artículo 112, delega en Pro consumidor, su régimen de sanciones. Por lo que es absurdo pensar, que Pro Consumidor pueda aplicar sanciones en virtud de la ley número 166-12, y no pueda hacerlo a partir de la letra de la ley No. 358-05, que lo crea.
La Sentencia 183-2013 pretende anular y desconocer dos poderes del Estado: el Legislativo que ha creado dos leyes otorgándole potestad sancionadora a Pro Consumidor, y al Poder Ejecutivo que es quien dirige por mandato constitucional la Administración Pública con potestad de actuación.
Esta sentencia es perturbadora y pone de manifiesto que hay funcionarios judiciales, que lejos proteger el interés general, mediante la defensa de los intereses económicos de los ciudadanos en su relación con el mercado, reguardan intereses particulares. La función principal del Estado en un régimen social y democrático de derecho es proteger el interés general, pero estos jueces prefieren ignorar las leyes y la Constitución, dando lamentablemente la apariencia de haber sido capturados por los sectores que el Estado esta supuesto a regular.
Pro Consumidor tiene la misión de ejercer responsabilidad social gubernamental y de proteger los derechos ciudadanos, por lo que hay que garantizarle la potestad sancionatoria que el Legislador le ha otorgado.
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